Por: Iolani Pérez , Radio Progreso, Honduras.
Berta Cáceres coordinadora general del COPINH llevaba más de 20 años luchando por los derechos del pueblo indígena Lenca de Honduras y la protección de sus territorios. Pese a denunciar amenazas en su contra, fue asesinada el 2 de marzo de 2016. Cinco años después de su asesinato, el hecho sigue en impunidad.
Más de 35 días lleva el juicio contra David Castillo, gerente general de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), acusado de la coautoría en el crimen de la ambientalista Berta Cáceres. Desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la familia de la ambientalista y el equipo legal denuncian la parcialidad de la justicia hondureña en este crimen.
El juicio ha sido retransmitido en directo a través de los canales de redes sociales del poder judicial. Sin embargo, denuncias de las organizaciones que integran la Misión de Observación Berta Cáceres, esto se hace sin el monitoreo presencial de observadores nacionales o internacionales de derechos humanos, hecho que limita la función de una observación técnica del proceso penal.
Hasta ahora, el Ministerio Público ha concluido la evacuación de sus pruebas y las acusaciones privadas han comenzado a evacuar también suyas, incluyendo a los peritos sociopolíticos, los cuales son herramienta esencial para comprender plenamente los factores y el contexto que conducen a la comisión de crímenes contra las personas defensoras de derechos humanos.
El caso de Berta Cáceres es emblemático para Honduras y toda la región, ya que la impunidad estructural ha contribuido de manera significativa al aumento de los índices de violencia contra las mujeres, las personas defensoras de la tierra y la violación a los derechos de los pueblos indígenas y del medio ambiente. Asimismo, este silencio institucional hace que los casos de asesinato contra defensores y defensoras no sean investigados ni procesados adecuadamente, dice un comunicado de la Misión de observación.
Viva Berta: el campamento
En Tegucigalpa, capital de Honduras, organizaciones de mujeres, territoriales, populares y comunitarias, han instalado un campamento llamado Viva Berta frente a la sede la Corte Suprema de Justicia. Estas buscan acompañar la demanda de justicia y visibilizar los territorios que están en conflicto debido a la instalación de proyectos hidroeléctricos, mineros y fotovoltaicos. Dichos proyectos corresponden a las instalaciones de la industria extractiva en Honduras.
“Es un campamento donde participamos mujeres y organizaciones de todo el país. Buscamos hacer presión y visibilizar que han pasado 63 meses desde el crimen de Berta Cáceres y la impunidad prevalece. Este campamento estará acá hasta que se logre hacer justicia para ella y todos los pueblos”, dice Katherine Cruz de la Red Nacional de Defensoras.
Mientras el juicio sigue su curso, con amenaza de dejar en impunidad el crimen contra Cáceres, las organizaciones y las personas que están en el campamento siguen presionando para que las autoridades hagan justicia, y así enviar una fuerte señal de que los crímenes contra defensores de los derechos humanos no serán tolerados.
Red de Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe 