Por: Nelson Rodríguez, Radio Universidad Online, Nicaragua.
La Red de Mujeres Contra la Violencia RMCV, mediante un comunicado, denunció que nueve mujeres se encuentran detenidas de manera ilegal y arbitraria en las celdas de El Chipote, Dirección de Auxilio Judicial, en Managua. Mujeres a las cuales se les han violentado sus derechos ciudadanos y humanos, señala el documento.
“Sin ninguna orden judicial estas mujeres fueron detenidas, de manera violenta, en sus viviendas por el hecho de ser defensoras de derechos humanos, por demandar un país democrático donde se respeten los derechos de todas las personas y una sociedad justa e igualitaria donde se pueda vivir con dignidad”, reclamó la RMCV en su comunicado.
Agrega al documento, que desde hace años se ha venido denunciando la violencia institucional que existe en el país, la cual se manifiesta en la impunidad ante los casos de violencia contra las mujeres. Nos encontramos frente a un Estado nicaragüense que se ha convertido en el agresor, al no dar acceso a la justicia y al liberar a los agresores.
En las últimas dos semanas 8 opositores han sido detenidos de manera violenta, de las cuales 5 son mujeres del partido político Unamos: Ana Margarita Vigil, Tamara Dávila, Suyén Barahona; la exguerrillera sandinista, Dora María Téllez; y la activista de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, Violeta Granera.
La primera opositora detenida fue la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, el pasado 02 de junio de 2021, quien se encontraba en su casa con su hija, a donde llegaron al menos 25 hombres de la policía nacional armados y con lujo de violencia allanaron la residencia por 5 horas, según denunció su hermano el periodista Carlos Fernando Chamorro. Al igual que el caso de Cristiana, las otras detenidas estaban solas en sus casas, dos de ellas con hijos de 5 años, donde fueron allanadas por policías armados, así lo denunció Suyen Barahona, minutos antes de la detención a través de un video.
La vicepresidenta Rosario Murillo, a través de medios oficiales, ha declarado en varias ocasiones que se les aplicará la ley a todas las personas que han cometido presuntos delitos contra la paz y soberanía nacional. Por ahora la Fiscalía informó que el juez les decretó 90 días de prisión a varias de estas presas políticas. Asimismo, pido ampliar la investigación, que ordenó el gobierno, por supuestamente atentar contra la sociedad nicaragüense. Dicha acusación se justifica con la Ley No. 1055: “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz” Esta fue aprobada a finales del año pasado y muy cuestionada por organismos de derechos humanos, al considerar que atenta contra los derechos a expresarse y movilizarse libremente.
Red de Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe 