Nayib Bukele apuesta por el Ejército salvadoreño Prt.1

Por Kenia Gómez, Radio YSUCA

El Plan Control Territorial ha sido la bandera con la que el Gobierno ha vendido el discurso de la disminución de homicidios. Sin embargo, para expertos en seguridad pública y derechos humanos, es difícil comprobar que dicho plan sea la causa de la disminución de las muertes violentas en El Salvador.   

El 2 de julio de 2020 un comunicado de la Presidencia de la República informó que  para implementar el Plan Control Territorial se invertirán $575.2 millones. De un plan que incluye siete fases, solo para julio de 2021, tres de estas ya habían aprobado un monto que supera los 300 millones. 

La primera fase inició el 20 de junio de 2019 y para entonces, el Gobierno ya tenía dinero disponible para implementar el plan. Pero el discurso era contrario de parte del Gobierno y Rogelio Rivas, quien era en aquel entonces el ministro de Justicia y Seguridad. Este funcionario declaró, más de una vez, no tener los fondos suficientes para continuar con el plan: “Hemos tenido la capacidad de sostenerlo en el tiempo, a pesar de que no hemos recibido un solo cinco para el Plan”, afirmó Rogelio Rivas para la prensa de la Presidencia.

Para esa fecha el gobierno había tenido a su disposición una parte de $53.6 millones, los cuales fueron aprobados por la Asamblea Legislativa, entre mayo y junio de 2019,  para seguridad pública. Ese monto provino de las reasignaciones presupuestarias de $47.4 millones de la Contribución Especial de Grandes Contribuyentes (CEGC) y $6.2 millones de excedentes de ingresos, según diarios oficiales. 

El informe Incrementos sustanciales 2020 en seguridad y justicia, de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) de febrero de 2020, desglosa las reorientaciones presupuestarias de 2019 para el ramo de seguridad pública y señala que durante julio y diciembre de ese mismo año se reorientaron, para seguridad pública, por lo menos de $61.8 millones. De ese monto $10.1 millones se destinó para el Ministerio de la Defensa Nacional. Significa que para la primera fase el Gobierno tuvo por lo menos $115 millones de reorientaciones y excedentes. Para la segunda fase del plan, la Asamblea Legislativa aprobó $91 millones y otros $109 millones para la tercera fase. Con las aprobaciones de préstamos y reorientaciones desde 2019 hasta 2021, el monto supera los $300 millones disponibles para dicho plan.

Para la investigadora en temas de seguridad, Jeannette Aguilar, ir anunciando nuevas etapas o fases en el Plan Control Territorial es una excusa para justificar más recursos. Lo que se busca hacer realmente es empoderar a los militares y para que estos recuperen el manejo de la seguridad pública.

La segunda y tercera fase del plan será financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con un monto total de $200 millones. La fase dos del Plan Control Territorial se lanzó el 2 de julio de 2019.  La prioridad sería trabajar en 66 municipios con diferentes programas de bienestar social, enfocados especialmente en  los jóvenes, para que estos salgan de las pandillas. La fase denominada “oportunidad” incluye la construcción de Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (Cubos), compra de vehículos policiales y la remodelación de sedes policiales.  

En 2019 el exministro de Hacienda Nelson Fuentes explicó la segregación del monto de $91 millones de la segunda fase de la siguiente manera: $28.2 millones para la formación y capacitación de jóvenes; $15 millones para mejoramiento de 24 kilómetros de caminos; $9.4 millones para 10 proyectos de agua potable; $5 millones para  mejoramiento de instalaciones deportivas, equipamiento y formación y $16.3 millones para  29 CUBOS. Además, $3.4 millones de intervenciones de cultura, $1 millón para concienciación de jóvenes, $2 millones para skate parks y $10 millones para equipar hospitales. Todo ello suma $90.3 millones.

Sin embargo, en junio de 2021, el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, anunció otros montos y destinos del préstamo. Ya no serían 29 CUBOS, sino 44. Por otra parte, en esta fase se había anunciado que se construiría, en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), la Universidad Técnica para capacitar a  100 mil  jóvenes en diversos oficios. Pero ante la construcción del Hospital El Salvador, el funcionario dejó de lado el tema de la universidad. Aseguró que los $30 millones que servirían para la universidad, pasaría a  los institutos técnicos digitales que se construirán donde funcionaron algunos centros penitenciarios. Además, anunció que $4.5 millones serán para mejorar 100 casas de la cultura.

Según el Diario Oficial del 12 de mayo de 2020, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) será el organismo coordinador del programa social que se implementará en la fase 2 y los organismos ejecutores serán los ministerios de  Gobernación, de Cultura (MICULTURA); Salud (MINSAL); el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), ANDA y el Instituto nacional de los Deportes (INDES).

Pero, aunque el objetivo sea la prevención de la violencia, para Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de Derecho, Seguridad y Derechos Humanos de Cristosal,  el plan no busca este fin, mucho menos corregir el problema de manera estructural. Considera que desde que inició la primera fase del plan no se observa una apuesta real a la prevención de la violencia. Aun así el Gobierno insiste  en que una de sus apuestas es la prevención y  llevar oportunidades a los jóvenes y para ello destinará $91 millones. Un monto que se pagará en un plazo de 20 años. El contrato también establece que el organismo coordinador y los organismos ejecutores que reciban recursos del préstamo deberán cumplir con la política antifraude, anticorrupción y otras prácticas prohibidas del BCIE.

La fase III del Plan Control Territorial se denomina “Modernización”. Se lanzó el 30 de julio de 2019. Contempla el monto de $109 millones que busca fortalecer las capacidades institucionales de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada a través de la modernización de infraestructura y equipo. De los 109 millones la PNC dispondrá de $59 millones y el Ministerio de Defensa $50 millones.  

La página infodefensa.com, amplía la información y señala  que con los recursos se adquirirá cámaras de reconocimiento facial y de placas para identificar mejor a los delincuentes. Además, se comprarán vehículos aéreos no tripulados (UAV) con visión nocturna para identificar los campamentos de pandilleros. Asimismo, la página cita como fuente al jefe de la Fuerza Aérea Salvadoreña, el coronel Pablo Alberto Soriano, quien confirmó que se contempla la adquisición de un helicóptero y una contrapartida para la compra del buque patrullero Metal Shark Defiant 85. Este buque fue entregado el 22 de julio de este año a la Fuerza Naval de El Salvador. El buque está valorado en $5.2 millones, el gobierno de Estados Unidos donó más de 3 millones, el resto saldrá de los 109 millones aprobados para la tercera fase del Plan Control Territorial.

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