Nayib Bukele apuesta por el Ejército salvadoreño Prt.2

Por Kenia Gómez, Radio YSUCA

Militarización: búsqueda de alianza para obtener respaldo 

La fase cuatro, del Plan Control Territorial, la anunció el Bukele el 19 de julio de 2021, cuando los homicidios comenzaron a registrar una considerable alza. Esta fase consiste en la incursión militar en los territorios dominados por las pandillas. Para implementar dicho plan, 1,046 elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), se integraron  a la estrategia de seguridad pública como apoyo a la Policía Nacional Civil, violando nuevamente la Constitución de la República.  La idea es tener en los próximos 5 años 40,000 soldados.

“Gracias al acompañamiento de la Fuerza Armada en el PCT se ha logrado dar fuertes golpes a la narcoactividad, al crimen organizado, se ha logrado la recuperación de los territorios históricamente dominados por las pandillas. Estas acciones se traducen en tranquilidad y seguridad para las familias salvadoreñas”, cita un fragmento de una nota de la Presidencia. Sin embargo, no hay evidencia de que la militarización que inició con la fase uno del plan haya frenado el crimen, ni mucho menos, haya recuperado los territorios. Las extorsiones, homicidios y desplazamientos forzados continúan siendo los problemas de los habitantes de zonas vulnerables.

“No hemos visto acciones concretas en materia de prevención de violencia que garantice que la institucionalidad está en los territorios”,  dijo Zaira Navas de Cristosal, ya que el control territorial implica que el Estado y sus instituciones pueden garantizar servicios y tranquilidad a la ciudadanía, pero las amenazas continúan en los territorios, enfatizó.

Para Verónica Reyna del Servicio Social Pasionista la presencia militar no ha sido vinculada científicamente con la reducción del delito. Esta práctica de todos los gobiernos busca incrementar la presencia militar para mostrar músculo y capacidad de respuesta en un territorio que no está controlado por el Estado. Pero desde su punto de vista, el Gobierno busca una alianza política con la fuerza militar que le permita establecer condiciones de ventaja y acompañamiento en momentos incómodos para el gobierno. Es decir, si los ciudadanos deciden manifestarse ante las acciones gubernamentales.

Pero, además, opina que la fase cuatro es una excusa para dar más poder a los militares y fortalecer la alianza político militar. Según Reyna, la presencia militar en varias tareas como apagar incendios, combatir plagas, entre otras, ha permitido crear un imaginario colectivo para que la población observe a los militares como una respuesta a casi todos sus problemas y eso no es casualidad. Se está afianzado una relación política, dijo Reyna.

Presupuesto militar: un incremento de $19.5 millones anuales en los últimos 4 años 

El presupuesto del Ministerio de la Defensa ha tenido incrementos significativos. En el año 2017 era de $141,346,110 y en 2021 subió a  $220,000,959. En 4 años ha subido en más de $78.5  millones, un promedio de $19.5 millones anuales. Los montos mayores van destinados al rubro de gestión operativa.

Al presupuesto aprobado cada año para los militares se suman asignaciones adicionales por acompañamiento a la PNC en tareas de seguridad. Para el año 2020 ese monto adicional fue de $67 millones, dice Jeannette Aguilar, investigadora en temas de seguridad. La investigadora cuestiona estos montos extras que lo que hacen es restar presupuesto a la policía que sí tiene la tarea constitucional de la Seguridad Pública. Esto es alarmante, dice Aguilar, ya que los Acuerdos de Paz establecieron una reducción del gasto militar y reducir el número de efectivos militares que en esa época rondaba los 50 mil. En 2006 los militares se redujeron a 7 mil 500, pero en el gobierno de Mauricio Funes se incrementó el numero a 24 mil, lo que generó un aumento presupuestario significativo.

Desde la llegada de Nayib Bukele el presupuesto militar ha ido en aumento, más el presupuesto de Seguridad Pública, suma los mil millones anuales, una cifra que debería preocupar, sobre todo en un contexto de crisis económica, opina. Para  Aguilar los gobiernos asignan presupuestos para ganar lealtades, y esto podría estar sucediendo con los militares. Bukele podría utilizar la Fuerza  Armada, no solo como su aliada política frente al descontento de la población,  sino para enfrentar a quienes considera sus opositores.

Los préstamos para el Plan Control Territorial implicarán mayor deuda para los salvadoreños. Zaira Navas de Cristosal lo ve con preocupación, porque no hay rendición de cuentas. Sumado a ello por más fases que haya y más dinero que se apruebe continúan las desapariciones, los feminicidios y los crímenes de odio se incrementan.

Para Navas, medir el impacto del Plan Control Territorial es complejo por el cierre de informaron y falta de transparencia. Ve con preocupación que se le esté vendiendo a la población la idea de que la alternativa para los problemas de seguridad, incluso social, es la militarización, cuando lo que hemos visto en los últimos años es mayor presencia militar sin impactos reales.