El conflicto armado entre autodefensas, autoridades municipales, el Ejército y grupos del crimen organizado ha ocasionado una oleada de desplazados por la violencia en distintos puntos del país.
Por Jorge Salcedo, México
En Pantelhó, población ubicada en los Altos de Chiapas, se han organizado 86 comunidades y 18 barrios para crear el grupo de autodefensa conocido como “El Machete”. En un comunicado dicha organización dijo que buscaría expulsar sicarios, narcotraficantes y al crimen organizado, quienes han asesinado y desaparecido a 200 personas en los últimos 20 años. Entre los que se cuentan está el ex presidente de la organización Las Abejas de Acteal, Simón Pedro Pérez, asesinado el 5 de julio en el municipio de Simojovel, Chiapas y a Gregorio Pérez Gómez, fiscal de Justicia Indígena del estado, quien fue asesinado este martes por investigar la violencia en el municipio de Pantelhó.
Los pobladores también acusan a las autoridades de los tres niveles de gobierno, en particular a los agentes de la policía municipal, y al grupo armado “Los Capotes” de la comunidad San Francisco El Triunfo de hostigar a la población. Las protestas llevaron a la presidenta municipal de Pantelhó, Delia Janeth Velasco Flores, a renunciar a su cargo, pues se le acusa a ella y a su esposo Raquel Trujillo Morales, presidente municipal electo, de colaborar con los grupos criminales en la zona.
La comunidad hizo una solicitud al Congreso para que auditen los recursos públicos municipales, pues se cree que fueron utilizados para financiar grupos delictivos. Por su parte, la Fiscalía de Justicia de Chiapas no ha informado de ninguna investigación en contra de Delia Velasco y Raquel Trujillo.
Desplazados por el conflicto
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas informó que 2,000 personas fueron forzadas a desplazarse a inicios de julio a los poblados de Chenalhó y San Cristóbal de las Casas a causa del conflicto. Según los datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) Chiapas es la cuarta entidad con mayores desplazados de enero a mayo de 2021, después de Guerrero, Michoacán y Jalisco. En el municipio de Aldama, por ejemplo, casi un tercio de la población ha emigrado por los constantes ataques de grupos paramilitares.
En Michoacán, estudios del Consejo Nacional de la Población (Conapo) revelan que entre 2015 y 2020 salieron 110 mil 781 personas a otras entidades vecinas o a Estados Unidos para pedir asilo político. La violencia en el estado es generada principalmente por grupos paramilitares como los comandos organizados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)y el movimiento civil armado Pueblos Unidos, que desde septiembre del año pasado convocaron a los pobladores de Tierra Caliente a tomar las armas.
El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, ha señalado que en estos grupos que se han popularizado bajo el título de autodefensas también hay integrantes del crimen organizado.
Apenas hace unos días circuló un video en donde hombres encapuchados pertenecientes al CJNG amenazaron a medios de comunicación y a la periodista Azucena Uresti por su cobertura de la zona. A 270 kilómetros al suroeste de Morelia, el cártel se ha apoderado del municipio de Aguililla a tal grado que a inicios de julio exhibieron su armamento por las calles de la ciudad. En el mismo periodo se registró que 680 personas tuvieron que huir del municipio.
La CMDPDH también informó que a nivel nacional en 2020 fueron desplazadas más de 9 mil 700 personas y en lo que va del año se han sumado 3 mil 546 casos, lo que habla de un problema que aún no ha sido resuelto.
Red de Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe 