Por Melissa del Pozo, Ibero 90.9, México.
Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, marcharon ayer en la Ciudad de México para exigir justicia al Estado Mexicano y demandaron la celeridad de acciones para localizar a los normalistas que el 26 de septiembre de 2014 fueron desaparecidos en una acción donde participaron elementos policiacos e integrantes del crimen organizado.
Hilda Hernández, madre del joven desaparecido César Manuel González, se pronunció a nombre de todos los familiares y aseguró que “nuestra herida sigue sangrando y que la llamada verdad histórica lastimó mucho nuestros corazón, puesto que dijeron que nuestros hijos estaban muertos sin darnos una respuesta científica”.
Hernández señaló que en la actual administración “hay voluntad política pero ya llevamos tres años y no sabemos el paradero de nuestros hijos, se ha logrado identificar a dos jóvenes y hay varias órdenes de detención libradas; pero, ¿qué paso con los demás jóvenes?, ¿quién se los llevó? Tenemos siete años de incertidumbre y con el dolor insoportable que pena nuestra alma”.
“A menudo pasa en nuestra mente cómo estarán nuestros hijos, estarán bien, si los alimentan, si los estarán torturando o no, solo eso nos llena el alma de angustia y coraje e impotencia por no poderlos defender en el momento que necesitaban. El tiempo pasa y nuestros corazones se marchitan, perdemos fuerza física, nuestros compañeros Minerva, Tomás Ramírez, Saúl Bruno y Bernardo Campos se nos adelantaron sin saber de sus hijos, otros más estamos enfermos y con pocas fuerzas para continuar en esta lucha”.
Y es que el cansancio de los padres de los normalistas es uno de los principales impactos de la desaparición, dijo la investigadora Ximena Antillón, coordinadora del informe de Impactos Psicosociales del Caso Ayotzinapa, en entrevista para Ibero 90.9, México.
En el informe “Yo solo quería que amaneciera” se menciona que los daños que provoca la desaparición a los familiares se dan a causa del paso del tiempo y la incertidumbre de lo que podría estar sucediendo con las víctimas.
La desaparición deteriora la vida de los familiares que muchas veces también tienen que ser sus propios investigadores o estar detrás de las instituciones para exigir justicia, lo que provoca afectaciones en la salud emocional y física de ellos. A esta situación se le conoce como “muerte silenciosa”.
Ante esto, el informe recomienda al Estado no solo reconocer que la “verdad histórica” no es correcta si no también incita a que el gobierno reconozca el daño y el impacto traumático que provocó sacar a la luz esta falsa información a los familiares de las víctimas. Hace un llamado para que las instituciones se comprometan con iniciar una nueva investigación que realmente se apegue a las evidencias y dé con el paradero de los 43 estudiantes.
Ximena Antillón también recalcó que “la desaparición forzada, es una forma de tortura, por la angustia tan profunda que causa en las familias”. Y añadió que los temas relacionados a la desaparición forzada fomentan la normalización de las desapariciones; por lo tanto, recalcó la importancia de promover su desnormalización, la búsqueda de justicia y el apoyo a las y los familiares de las personas desaparecidas y a sus colectivos.
“Necesitamos salir de esto como sociedad. Y eso lo vamos a lograr, reconociendo que todos y todas somos vulnerables frente a la desaparición y que necesitamos acompañarnos en esta lucha”, declaró Antillón.
Red de Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe 