Montserrat Narro: “La pandemia dio la excusa perfecta para cerrar fronteras y terminar de desmantelar el sistema de asilo migratorio”

Por Daniela Herrera

La representante del nodo México en (In)movilidad de las Américas, Monserrat Narro, advierte un escenario post- pandémico preocupante para la población migratoria.

En los últimos meses, la pandemia ha logrado desvestir la desigualdad estructural de nuestro  país. Grupos vulnerables, como lo es la población migrante, se suman al colapso mexicano de la protección social. La emergencia sanitaria trajo consigo el cierre de fronteras, acción que atenta contra el derecho humano de la libre movilidad y los derechos de las personas  migrantes. Con el objetivo de entender a fondo el contexto  actual de la movilización humana dentro del país, se  entrevistó a Montserrat Narro, representante del nodo México en (In)movilidad en las Américas. Este proyecto reúne a más de 30 académicos y académicas desde el norte hasta el sur del continente, que van monitoreando la situación migratoria en su país. 

Pregunta. Durante la pandemia, ¿ha disminuido el flujo migratorio dentro del país? 

Respuesta. Sí, sobre todo porque los albergues han tenido que cerrar, al  igual que las fronteras de los países de los cuales la gente sale para migrar. Esto hizo que disminuyera de manera sustancial, comparada con otros años, pero no quiere decir que se  haya eliminado la migración por completo. 

Según el monitoreo de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de  Migrantes, los cruces irregulares han disminuido desde que se implementaron las medidas  de emergencia sanitaria. De una cifra de más de 1,000 personas por día, ha disminuido a menos de 600 diarias, en su mayoría personas que cruzan por puntos fronterizos  ciegos. 

Sí existe la preocupación de contraer el virus, pero lo que identificamos es miedo a  las circunstancias que se desencadenan por la pandemia”. 

P. ¿Existe un sentimiento de alerta ante el virus por parte de la comunidad migrante? 

R. Sí existe la preocupación de contraer el virus, pero lo que más identificamos es miedo  a las circunstancias que se desencadenan por la pandemia. Es decir, ha habido un porcentaje  alto de personas migrantes despedidas, lo que causa que no tengan dinero para pagar la renta  y comida. En consecuencia, se incrementa el riesgo de situación de calle y esto en un contexto  de pandemia lo hace aún peor.  

Según los reportes de (In)movilidad en las Américas se ha visto un aumento de personas  migrantes en situación de calle en distintas zonas del país, sobre todo en zonas fronterizas,  altamente vulnerables de posible contagio. Sin duda, las organizaciones gubernamentales han dejado mucho que desear con base en las acciones de protección social para las personas  migrantes en situación de calle. 

P. ¿Qué problemas han detectado dentro de la migración durante la emergencia sanitaria? 

R. No ha habido tantos brotes dentro de la población migrante como uno esperaría. Lo  que ha sucedido es que hemos identificado dos problemas iniciales. Uno, la falta de  información adecuada y en los idiomas necesarios para la población migrante. El segundo  problema es el tema de los centros de detención migratoria y las nulas condiciones de  salubridad que existen en estos lugares. 

“Sabemos que en los centros de detención hay problemas de hacinamiento por lo  cual hay nulas posibilidades de tener una sana distancia, no tienen la correcta  ventilación, insumos de higiene y medicamentos necesarios tanto para prevenir  como para tratar un cuadro de coronavirus.” 

 P. ¿Qué medidas está adoptando el gobierno mexicano para garantizar la seguridad y la  salud de los migrantes que se mantienen en los centros de detención? 

 R. Sabemos que en los centros de detención hay problemas de hacinamiento, por lo cual  hay nulas posibilidades de tener una sana distancia, no tienen la correcta ventilación, insumos  de higiene y medicamentos necesarios tanto para prevenir como para tratar un cuadro de  coronavirus. Hay que entender, que dentro de estos centros hay niños y niñas, mujeres  embarazadas, personas adultas mayores y personas con enfermedades que los convierten en  población de riesgo. Esto ocasionó que las personas migrantes comenzarán a exigir su  liberación por miedo a contagiarse dentro de los centros de detención.

Durante la pandemia por COVID-19 se han reportado casos de migrantes irregulares detenidos en estaciones migratorias del país que han hecho huelgas de hambre, quemado colchones y protestas internas para exigir su liberación y repatriación. Al igual que en la estación migratoria Siglo XXI-Tapachula, migrantes irregulares detenidos fueron gaseados  y golpeados en medio de la protesta, mientras alrededor de 14 pudieron escapar. Estas  protestas han llegado a tal punto que en la estación migratoria de Tenosique una persona  falleció durante una de ellas. 

Fotografía: El País

 P. Al contrario de los centros de detención ¿Cómo se ha tratado el confinamiento en los  albergues para personas migrantes? 

 R. Los albergues reaccionaron rápidamente con tres respuestas. Unos decidieron cerrar,  reconociendo que no tenían las capacidades y no podían tomar una responsabilidad tan  grande. Otros albergues no cerraron por completo, pero dejaron de tener atención a nuevo  ingreso. Por ejemplo, la Casa del Migrante en Saltillo cerró el ingreso, pero a las personas ya  hospedadas se les permitió pasar la cuarentena dentro. Ahí mismo se les daba seguimiento a  posibles síntomas para ver si era necesario canalizar algún caso y buscaron que las personas  continuarán con sus procedimientos legales vía telefónica. Por último, tenemos los albergues  como Tierra Blanca en Veracruz o Salto de Agua, en Chiapas, que decidieron no cerrar sus  puertas. Tuvieron que implementar protocolos como procurar tener cierto número de  personas dentro de un dormitorio, asignar lugares para comer a 1.50 metros de distancia, al  igual de tener cada uno sus propios platos, vasos y cubiertos. 

 P. ¿Qué cambios ha tenido la migración durante la pandemia por coronavirus? 

R. Podemos ver un fenómeno de migración a la inversa. Personas migrantes intentando regresar a su país de origen, ya que las condiciones para seguir su viaje ya no existían. El  problema en este caso es que países como Guatemala o El Salvador cerraron sus fronteras  incluso a sus connacionales.

 P. ¿Crees que las acciones estatales a favor de la protección social contemplan a los miles  de migrantes irregulares que hoy residen o transitan en México? 

 R. No, y fue una de las mayores exigencias por parte de la sociedad civil al inicio. De  hecho, si escuchas las conferencias del titular de la Subsecretaría de Prevención y  Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, se habló de la población con privación de  libertad, refiriéndose a las personas en situación de cárcel, pero en ningún momento se llegó  a mencionar a la población en detención o tránsito migratorio. 

 P. ¿Ha habido algún tipo de respuesta social ante la falta de acciones estatales para la  población migrante? 

 R. Por parte de sociedad civil hubo una campaña en redes sociales con el hashtag #LibertadNoDetención y acciones de incidencia directamente con la Unidad de Políticas  Migratorias. Estos exigían que los migrantes fueran liberados de los centros de detención  migratoria y que garantizaran un espacio donde pudieran cumplir la cuarentena con las  condiciones necesarias. 

 P. ¿Se han exacerbado los brotes xenófobos en contra de los migrantes? 

R. Sí, el brote se generó por miedo a que los migrantes fueran portadores  del virus. Incluso a las personas deportadas de centros de detención en Estados Unidos  regresaban a sus comunidades, pero estas no los dejaban entrar. 

Estas pulsiones xenófobas aumentaron en el discurso gubernamental de Estados Unidos  durante la pandemia. El país no respetó acuerdos establecidos para la deportación de  mexicanos, se incumplieron horarios y avisos de las deportaciones y no siguieron protocolos  internacionales ni de salud. Vimos un fenómeno de deportaciones rápidas que duraban 96  minutos. Según los reportes de (In)movilidad en las Américas, en marzo 2020 en tan solo 18 días fueron deportadas 13 mil personas.

Atentado contra el derecho de asilo.

P. ¿Cómo se ha visto afectado el derecho de asilo a refugiados en tiempos de COVID-19? 

R. Los trámites en este momento se encuentran suspendidos. Entiendo que se siguen  recibiendo solicitudes, pero los procedimientos más allá están detenidos. La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes reporta que cerca de 60 mil personas se encuentran varadas en la frontera norte, esperando una  resolución de las autoridades estadounidenses a su petición de asilo. Hay al menos 17 mil niños y niñas, quienes son especialmente vulnerables ante posibles agresiones o contagios  de COVID-19. 

P. ¿Qué pasará con los refugiados solicitantes de asilo o las personas bajo el programa «Quédate en México» que tendrán que esperar aún más en las ciudades fronterizas  mexicanas a que sus casos de asilo se resuelven en los tribunales de inmigración de los  Estados Unidos, ya que sus audiencias han sido postergadas? 

R. En el caso de México, una de las situaciones que se esperan por parte de los abogados es que, en el eventual caso que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados vuelva a reactivar sus servicios, habrá una cantidad significativa de casos atorados. Estos  tomarán tiempo en procesar o se sacarán todos de un jalón y no se le dará una revisión  adecuada a cada uno. Por otro lado, en Estado Unidos, al igual que en otros países, lo que  vimos es que la pandemia les dio la excusa perfecta para cerrar fronteras y terminar de  desmantelar el sistema de asilo a refugiados. 

Debido al cierre de fronteras por la emergencia sanitaria hoy vemos campos de refugiados, destinados antes al programa «Quédate en México», repletos de personas en  espera de una resolución a sus trámites de asilo. El problema es que en estos campos se vive en condiciones de hacinamiento, tiendas de campaña, limitaciones en suministros médicos,  condiciones insalubres y es un punto de alta probabilidad de contagio de COVID-19. Montserrat Narro finalizó mostrando una preocupación ante lo que sigue: «Se viene difícil, se observará un  aumento en el flujo migratorio por la exacerbación de los factores de expulsión del Triángulo  Norte de Centroamérica y un sistema de asilo, por los menos en Estados Unidos,  prácticamente desmantelado y en México completamente rebasado.»

Murió en la cárcel jesuita hindú Stan Swamy

Por: Alexander Medina, Radio Fe y Alegría Noticias, Venezuela.

El sacerdote jesuita Stan Swamy falleció este lunes 5 de julio a los 84 años de edad en la cárcel de Taloja, cerca de Mumbai, India, luego de que este domingo fuese conectado a un respirador ya que se había complicado su cuadro de salud bruscamente.

Días atrás había dicho al Tribunal Superior por videoconferencia que su salud había empeorado constantemente en la prisión de Taloja en Navi Mumbai y que si no se le concedía una fianza provisional, «moriría pronto». Este 5 de julio se concretó su predicción.

En el mes de octubre de 2020, la Agencia Nacional de Investigación (NIA) lo arrestó en su casa, en una redada nocturna ampliamente criticada. La NIA se opuso a su solicitud de libertad bajo fianza en el tribunal y dijo que no había «pruebas concluyentes» de sus dolencias médicas. Asimismo, mantuvo firme su argumento de que Stan Swamy era un maoísta que había planeado causar disturbios en el país.

La semana pasada, el jesuita Swamy había presentado un nuevo pedido de libertad bajo fianza en el Tribunal Superior de Bombay, impugnando las estrictas condiciones para la libertad bajo fianza de un acusado en virtud de la Ley de Prevención de Actividades Ilícitas (UAPA)

Por su parte, la relatora especial de la ONU para los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, compartió su video junto con un mensaje: «Las noticias de la India hoy son devastadoras. El defensor de los derechos humanos y sacerdote jesuita, el padre Stan Swamy, murió bajo custodia, nueve meses después de su arresto por cargos falsos. del terrorismo. Encarcelar a DDH (Defensores de Derechos Humanos) es imperdonable » .

Link nota: https://www.radiofeyalegrianoticias.com/murio-en-la-carcel-jesuita-hindu-stan-swamy/

Nueve mujeres encarceladas por manifestarse en Nicaragua

Por: Nelson Rodríguez, Radio Universidad Online, Nicaragua.

La Red de Mujeres Contra la Violencia RMCV, mediante un comunicado, denunció que nueve mujeres se encuentran detenidas de manera ilegal y arbitraria en las celdas de El Chipote, Dirección de Auxilio Judicial, en Managua. Mujeres a las cuales se les han violentado sus derechos ciudadanos y humanos, señala el documento.

“Sin ninguna orden judicial estas mujeres fueron detenidas, de manera violenta, en sus viviendas por el hecho de ser defensoras de derechos humanos, por demandar un país democrático donde se respeten los derechos de todas las personas y una sociedad justa e igualitaria donde se pueda vivir con dignidad”, reclamó la RMCV en su comunicado.

Agrega al documento, que desde hace años se ha venido denunciando la violencia institucional que existe en el país, la cual se manifiesta en la impunidad ante los casos de violencia contra las mujeres. Nos encontramos frente a un Estado nicaragüense que se ha convertido en el agresor, al no dar acceso a la justicia y al liberar a los agresores.

Fotografía: Espacio OSC

En las últimas dos semanas 8 opositores han sido detenidos de manera violenta, de las cuales 5 son mujeres del partido político Unamos: Ana Margarita Vigil, Tamara Dávila, Suyén Barahona; la exguerrillera sandinista, Dora María Téllez;  y la activista de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, Violeta Granera.

La primera opositora detenida fue la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, el pasado 02 de junio de 2021, quien se encontraba en su casa con su hija, a donde llegaron al menos 25 hombres de la policía nacional armados y con lujo de violencia allanaron la residencia por 5 horas, según denunció su hermano el periodista Carlos Fernando Chamorro. Al igual que el caso de Cristiana, las otras detenidas estaban solas en sus casas, dos de ellas con hijos de 5 años, donde fueron allanadas por policías armados, así lo denunció Suyen Barahona, minutos antes de la detención a través de un video.

La vicepresidenta Rosario Murillo, a través de medios oficiales, ha declarado en varias ocasiones que se les aplicará la ley a todas las personas que han cometido presuntos delitos contra la paz y soberanía nacional. Por ahora la Fiscalía informó que el juez les decretó 90 días de prisión a varias de estas presas políticas. Asimismo, pido ampliar la investigación, que ordenó el gobierno, por supuestamente atentar contra la sociedad nicaragüense. Dicha acusación se justifica con la Ley No. 1055: “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz” Esta fue aprobada a finales del año pasado y muy cuestionada por organismos de derechos humanos, al considerar que atenta contra los derechos a expresarse y movilizarse libremente.